El listado de adjudica­ciones de empresas vinculadas al sena­dor Luis Pettengill Vacca y su clan familiar publicado en nuestra edición impresa de ayer jueves fue disparán­dose con datos proporcio­nados por los lectores que identificaron otras megad­judicaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS) y una heredada en Petropar sumando así contratos con el Estado por G. 6,3 billo­nes en la última década. (Ver infografías)

Pettengill es considerado también un “pulpo” de las licitaciones por la cantidad de multimillonarias adju­dicaciones que acapara en varias instituciones estata­les que se convirtieron en clientes fieles como el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC); la Ande, en el rubro de las construcciones a las que se suman el Minis­terio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el IPS, tras su incorpora­ción al rubro de negocios de los insumos médicos. Cua­tro empresas y una red de consorcios en los que figu­ran el parlamentario y su clan familiar compuesto por una hermana de nom­bre Blanca María Pettengill Vacca; los hijos del mismo, Juan Carlos Pettengill Cas­tillo y Olivia Mercedes Pet­tengill Castillo, articulan facturaciones al Estado.

Una rápida revisión de algu­nos contratos entre las empresas del “pulpo” Pet­tengill y el Estado muestran que varios se encuentran en vigencia y aseguran traba­jos hasta el segundo semes­tre del año 2029, generando dudas sobre su inhabili­dad en el cargo, según los requisitos establecidos en los artículos 196 y 197 de la Constitución Nacional.

Según el artículo 196 de la Constitución Nacional, que se refiere a las incom­patibilidades de las auto­ridades electas, “ningún senador o diputado puede formar parte de empre­sas que exploten servicios públicos o tengan concesio­nes del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica o la repre­sentación de aquellas, por sí o por interpósita persona”. Mientras que el inciso 6 del artículo 197 señala que no pueden ser candidatos a senadores ni a diputa­dos, “los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provi­sión de bienes al Estado”.

“Los ciudadanos afecta­dos por las inhabilitacio­nes previstas en los incisos 4, 5, 6, y 7 deberán cesar en su inhabilidad para ser can­didatos noventa días, por lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral”, esti­pula también el artículo 97 de la Constitución.

En la declaración jurada de Pettengill, al asumir el cargo, había consignado acciones en una docena de empresas, entre las que apa­rece Frigorífico Guaraní, que tiene contratos en ejecu­ción con el Estado y adjudi­caciones después de que este se haya ubicado en el Con­greso, situación que coli­siona con los artículos 96 y 97 de nuestra Carta Magna.

Así también, el senador Pettengill declaró accio­nes por G. 51.000 millones en la Constructora Paraná, firma que en acta del 20 de junio del año pasado apa­rece como accionista de la megacontratista estatal Ocho A SA que, como parte del Consorcio GIS Redes Eléctricas, tiene contrato vigente hasta julio de 2029 con la Ande.

Los medios de prensa difun­dieron que Pettengill inscri­bió su candidatura a sena­dor el 6 de junio de 2022; sin embargo, en el acta del 20 de junio de 2022 de Ocho A SA estuvo presente como accio­nista, junto con la Construc­tora Paraná y su hijo Juan Carlos Pettengill. La ley exige desvinculación de al menos 90 días antes de suscripción de candidatura.

En nuestro país se investiga el esquema utilizado para blindar dinero sucio en el banco Atlas, de la familia Zuccolillo. Ante los lentos avances en la pesquisa, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, visitó al fiscal general Emiliano Rolón, en la mañana de este jueves.

Esta visita se realizó en seguimiento a la denuncia penal presentada en el 2021 por la sospecha fundada sobre la realización de operaciones entre el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA que constituirían hechos punibles de lavado de dinero.

“Esta preocupación nuevamente ha sido expuesta por la CONMEBOL, urgiendo al Ministerio Público para que ejerza la acción penal pública en busca de la aplicación de la ley penal, ante hechos que han sido objeto de investigación por varios años.¡Seguimos en búsqueda de justicia para el fútbol sudamericano!”, expuso Alejandro Domínguez a través de sus redes sociales.

De acuerdo con los antecedentes, el exdirigente deportivo entregó al Banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana, un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideicomiso. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucra al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz.

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Hay que recordar que, la Conmebol presentó semanas atrás un urgimiento a los investigadores, para que se expidan con relación al caso, luego de haber pasado muchos años de la denuncia presentada por las operaciones sospechosas entre Leoz y Atlas.

Ante este pedido, los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera solicitaron a los Estados Unidos que remita los antecedentes de las transferencias realizadas desde las cuentas de la CONMEBOL a entidades financieras del Paraguay, a nombre de Nicolás Leo Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez y/o sujetos vinculados.

Además de enviar los informes, correos, conversaciones y memorándum que detallen envíos de dinero o transferencias desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas de los citados, que se correspondan al periodo de tiempo entre los años 2010 a 2015 aproximadamente.

También los fiscales pidieron que EE.UU. remita cualquier otra información existente a su investigación que se encuentre vinculado a transferencias o envíos de dinero desde las cuentas de la Conmebol a personas físicas y jurídicas residentes en el Paraguay sobre la cual no existe justificativo.

Un grupo de vecinos redujo a un bandido que ingresó a una vivienda ajena con intenciones de robo. Se trata de Antonio Melgarejo (21), exconvicto domiciliado en el km 15 Acaray barrio Virgen del Carmen de esta ciudad, quien posee orden de captura por hurto agravado emanada del Juzgado Penal de Garantías de CDE, firmada por la Actuaria Gricelda Díaz Alfonzo

El informe policial refiere que el detenido intentó ingresar en la vivienda por el techo sacando partes de chapa zinc aprovechando la ausencia de la dueña de casa, pero fue visto por los vecinos del lugar. Unidos, procedieron a demorar al sujeto para luego entregar a personal de la comisaría 8va.

El hecho fue comunicado al fiscal Julio Paredes quien dispuso la detención de Melgarejo para los procedimientos correspondientes, ya que cuenta con orden de captura.

A través de un comunicado, el INAN informó que se instruyó sumario administrativo y se dispuso como medida cautelar la clausura temporal del establecimiento denominado “Carlos Gabriel Céspedes Becker”. Esta empresa es la encargada de elaborar el edulcorante de mesa a base de glicósidos de esteviol, de marca KA’A VITAL.

La medida de clausura estará vigente hasta tanto se subsanen las no conformidades en cumplimiento a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), y se implementen medidas inmediatas y efectivas para abordar los puntos críticos identificados por el INAN. Esta disposición es vital para proteger la salud y seguridad de los consumidores.

Hay que recordar que a través de las redes sociales, los consumidores de esta marca reportaron el hallazgo de sustancias extrañas en sus edulcorantes. Tras las denuncias, el INAN tomó intervención y halló lotes contaminados con moho y hongos.

Se recuerda a la población que, para denuncias o consultas, se encuentran habilitadas las líneas (021) 294073, (0961) 585779, y el correo: direccion@inan.gov.py.

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